Una enmienda a la regla de los 90 días para los propietarios de segundas residencias de fuera de la UE en Francia había abierto una pequeña ventana de optimismo para volver al acceso al espacio Schengen anterior al Brexit. Por desgracia, en lo que algunos verán como un duro golpe, un tribunal francés rechazó la enmienda a su ley de inmigración al considerarla inconstitucional.
Los británicos con segundas residencias en España miraban al otro lado de los Pirineos con la esperanza de que una sentencia favorable provocara un efecto dominó en el Mediterráneo.
Pese a la sentencia, el Gobierno español ha afirmado que seguirá presionando a la UE en Bruselas para que cambie la norma. El planteamiento español es distinto del francés, que pretendía actuar de forma unilateral. El argumento es que los propietarios de segundas residencias de fuera de la UE en las costas españolas tienen un impacto cultural y económico positivo en sus comunidades, y que prohibirles estar seis meses al año es contraproducente y castiga a un colectivo que probablemente no votó a favor del Brexit.
Lea nuestro artículo original sobre la situación en Francia.